LETRAS PENSAMIENTO SANTO DOMINGO MIGUEL D. MENA EDICIONES

LA POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL. REFLEXIONES Y PREOCUPACIONES

Dra. Amparo Chantada

 

Plantear en debate público, la necesidad de viviendas sociales para el país, es incurrir en un terreno difícil, romperse la cabeza como lo hacen los médicos, como lo hacen los maestros del país. La vivienda y la tierra van subordinadas. Las ocupaciones de terrenos urbanos o suburbanos son el producto del déficit habitacional, de la poca oferta para los sectores más pobres y de la desatención del Estado, hacia ese sector. Eso si, tienen la ventaja de verse y para algunos, afean, pero esa es la realidad. Los asentamientos precarios ya se ubican exclusivamente en las afueras gracias a la division administrativa, estos son problemas de los otros ayuntamientos pero el resultado es que nuestras ciudades crecen ubicando poblaciones pobres y jóvenes matrimonios en sus márgenes dificultando cada vez mas, las gestiones municipales.

Pensando en la historia reciente, post Trujillo, vemos que las ocupaciones de terrenos se realizaron entre 1961 y 1963, cuando Santo Domingo crecio desmesuradamente, después “se propiciarion” siempre por la permanencia de una anomalía estructural en la propiedad inmobiliaria y de una ausencia total de política del Estado en torno a su patrimonio. Pobres y ricos han contribuido a un despilfarro en perjuicio de la Nación reforzado por la inexistencia de política fiscal en torno a los limites urbanos, a normativas, a las reservas inmobiliarias que grupos financieros hacen. Estas entorpecen el desarrollo urbano normal, provocando escasez artificial y encareciendo los precios de la tierra.

Cuando el Estado dominicano, en particular en las gestiones del Dr. Balaguer, tuvo una política de vivienda social, los apartamentos se transformaron en botín de guerra y se distribuyeron sin atención a la urgencia o a la prioridad. Las Caobas, el Embajador, proyectos Anacaona, Guachupita, fueron construcciones del Estado, que satisficieron apetitos insaciables, entre políticos y familias, el Estado gastando recursos, sin compensar la pobreza. El resultado, desde los años 80-90, es un déficit habitacional constante, que ni las remesas, ni el sector privado pueden absorber y niveles de pobreza que se profundizan, como si existiera una fabrica de pobres.

Desde el proyecto Invivienda (1982), ambicioso y desmesurado para su época, todos los gobiernos de turno, han continuado el modelo, como si fuera el unico viable, pero este proyecto fue acaparado por la clase media, que bien podria ser atendida por el sector privado. Se han iniciado, algunos nuevos, como en Sabana Perdida, Hainamosa, Los Guaricano, a un ritmo lento y sucumbiendo a las presiones, las mismas de siempre. Después no hay mas imaginación, al contrario, se añaden vicios de construccion, lentitud, proyectos que alargan todas las ciudades por ubicarse en las afueras.

En cuanto a la política del cuatrienio 2000-2004, tuvo la oportunidad de realizar una justa compensación social, cuando oficializo las tierras ocupadas en el pais pero desgraciadamente lo hizo con titulos que no lo son, que no constituyen ninguna garantia legal para una transacción financiera, por lo tanto no cumple el papel de monetarizacion que debian cumplir. En cuanto a su politica de la vivienda social, contrario a lo que un periodista afirmo, no fue magnifica. Se atendio a sectores prioritarios efectivamente pero su respuesta partio de una política de contingencia, visualizando eso si, las urgencias, dentro de la precariedad absoluta. El resultado de tal politica, que no procura la capitalización de las familias pobres, sino poner “paches” fue la reparacion de casas precarias, la sustitución de materiales tan fragiles como los que se sustituian, dejando, detrás la tormenta Jeanne, un paisaje de desolación y de destrucción por la vulnerabilidad. El esfuerzo fue en vano, todo debe recomenzar y las ferreterías se congratulan.

La concepción de la vivienda social, como el estricto minimum necesario, ha contribuido ha regenerar las condiciones de vulnerabilidad y de déficit habitacional en lugar de absorberlo. En cuanto al mejoramiento barrial, otra politica de la Comision Barrial, concebido como solucion puramente tecnica y no como un proceso social, capaz de generar cambios o provocar procesos de desarrollo local, consistio en una sencilla distribución de materiales de construcción, como los camiones de Inespre . Por esos motivos, no se nota cambios fundamentales, ni en la calidad de vida de los barrios. El resultado es visible para todos: la mayoria de las calles llenas de basura, casas y servicios en pesimas condiciones. Y por colmo, ahora Jimani, reconstruida de madera !!!!. No es excesivo decir, que la mayoría de las viviendas del país cumple a penas, con toda la precariedad, la humilde función de albergar, como si fuera un refugio pasajero que no garantiza la vida. Hablar de vivienda sostenible es pura derisión.

 

PARA UNA CIUDAD INCLUSIVA

 

 

Para poder exhibir logros significativos en la política social de viviendas económicas o no, el Estado y el sector privado deben combinar dos metas: eficiencia y sostenibilidad. No se puede exhibir solamente metas cuantitativas excluyendo indicadores sociales de progreso y bienestar. Es decir que la vivienda debe desencadenar una serie de mejorías físicas y sociales en términos de salud, de educación, de equilibrio emocional etc. Una vivienda es parte de un barrio y un barrio de una ciudad. Consciente de esa situación, cuando se anuncio el proyecto RESURE final de los 80´s, se propicio una batalla conceptual entre urbanistas y arquitectos, poniendo en evidencia metodologías y ideologías diferentes, que logro detener ese proyecto, que se presentaba acompañado de un CINTURON VERDE, que desalojaría a miles de familias pobres. Por excluyente y altamente aprovechada por los especuladores inmobiliarios, a la espera de la recuperación de terrenos centrales, esa solución técnica se abandono.

Entre 1990 y 1992, en la UASD , para formar arquitectos conscientes de la necesidad de buscar soluciones urbanas, factibles y realistas, para el país, formé “Los talleres populares de mejoramiento urbano”, gracias al apoyo del Arq. Luís Despradel de donde salieron formados dos generaciones de profesionales, preparados para enfrentar las limitaciones económicas del país y las justas aspiraciones de los pobladores, de vivir EN la ciudad. Algunas de estas propuestas, acompañadas de diseños envidiables, fueron firmadas por mi amigo Arq. Joaquín Gerónimo.

Desgraciadamente, en la gestión 1996-2000 se asumió la continuidad de RESURE, esta vez adornándolo de mejoramiento barrial con participación comunitaria pero manteniendo la construcción de una circunvalación, costosa económica y socialmente. Otro fallo, no se divulgo y no se sometió a discusión publica.

Ahora, de nuevo, CONAU asume RESURE, de manera apresurada, sin entender que la ciudad ha cambiado y la sociedad también y que por lo tanto, una reinterpretación del RESURE se impone. Primero abandonando ese nombre marcado por su pecado original, segundo que se debe asumir como un proyecto global pero iniciando por partes, por sector, comprobando alcances. El RESURE fue concebido con la participación comunitaria como un proyecto eminentemente educativo, que provocaría cambios en la gente, en las mentalidades y generaría oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población. No en vano se combinan autoconstrucción y autogestión que necesitan de la aprobación previa de la población. Es decir que se debe rediscutir ese proyecto, actualizarlo y ponerlo en discusión para que los moradores y sus autoridades morales y religiosas, lo validen. Sin avenida, los habitantes necesitan solamente una ampliación de sus calles existentes, sin que se inviertan sumas millonarias en una avenida cuando las necesidades son tan grandes y no alcanzan tantos millones.

Por eso, querido amigo Joaquín Jerónimo, debemos de nuevo estudiar esa parte de la ciudad, entender su funcionamiento, sus necesidades y reformular un nuevo plan. Hay que repensar un RESURE más ESTRATÉGICO y someterlo para aprobación a la población, para su implementación. Así se habrá enterado el viejo proyecto inicial, controvertido y antipopular por este, que la población aprobara, sin dudas algunas, cuando lo conocerá.

 

REFLEXIONES SOBRE LOS BARRIOS

 

No se puede seguir invirtiendo en el proceso de urbanización del pais, sin un ordenamiento territorial real tomando en cuenta la vulnerabilidad y los riesgos de la geografía dominicana. Para ubicar asentamientos humanos, creando las condiciones para la generación de mayores empleos y mejores ingresos, procurando mas oportunidades a la juventud y posicionando las regiones en la globalización sacando ventajas de sus atractivos locales, es imprescindible pensar en planificación regional estratégica y en la relación existente entre espacio geográfico, potenciales, población disponible, ventajas y rentabilidad de la localización para inversiones.

Es al CONAU que le incumbe esa función, de pensar en la reorganización del espacio físico en función de las necesidades sociales y de las exigencias de un desarrollo espacio- temporal sostenible.

Con la división realizada, los barrios pobres de Santo Domingo, se encontraron arrinconados mejor dicho atrincherados con los ríos Isabela y Ozama, atrás del patio, constituyendo un límite o un final, real e imaginario, ya que la ciudad llega, allí, con ellos. Por esos motivos, las inversiones que se intentaron desde la Comisión Barrial no se dejaron sentir, porque las medidas a tomar debían ser parte de un proceso global enmarcado en una autentica política urbana concebida en función de las necesidades de los sectores populares, es decir combinando todos los elementos de una política urbana, que procure integración, bienestar y oportunidades, provocando procesos de desarrollo reales.

El Estado, desde su política de viviendas sociales, debe tomar en cuenta dos factores: uno, el de derecho a la ciudad por la permanencia de los moradores en una parte de la ciudad que han urbanizado, humanizado y edificado y dos, procurar la integración de esos barrios al resto de la ciudad, para romper, la lógica de las nuevas formas de marginalidad que se dan, es decir el “ghetto urbano” y hacer de la Santo Domingo , una ciudad inclusiva que devuelva a todos los habitantes de la ciudad, su condición de ciudadano, una de las medidas que realmente combate las causas del auge de la delincuencia actual.

Las últimas gestiones del INVI, han sido incapaces de interpretar y transcribir en diseños, la situación de “informalidad económica” de la mayoría de la población. Eso se ha traducido en la no concordancia técnica de las soluciones habitacionales, apartamentos y viviendas, con las necesidades sociales. El diseño de los multifamiliares resulto absolutamente desajustado en relación a las necesidades.

Para que la vivienda cumpla su función social y económica, en países pobres, debe partir de la realidad: la vivienda para los pobres es techo para la seguridad y taller o fabrica, para la generación de ingresos. Sin esta combinación, la vivienda se convierte en una carga financiera, no permite crear condiciones de sostenibilidad familiar.

Las diferentes autoridades responsables de las políticas de viviendas sociales no han denunciado con vehemencia, el presupuesto exiguo que se le otorgaba (en el ultimo cuatrienio, el INVI recibió RD $ 4.000 millones). Por lo tanto, no han reducido el déficit habitacional que se contabiliza sumando necesidades no satisfechas, nuevas necesidades y hábitat precario. La obra social del INVI es un urbanismo de la emergencia y de la contingencia. En una publicación de final de gestión, el INVI demuestra los esfuerzos realizados para hacer frente, a problemáticas de extrema pobreza solamente: concluyo 15,000 viviendas, dejando 9,000 otras en proceso, reconstruyo 42,000 casas y reparo otras 210,000. Estas son muestras de las condiciones de pobreza imperantes en barrios y campos del país y que forman parte de un balance de gestión. El hecho de promover como un éxito, el cambio de piso de tierra a cemento a 40,000 casas, demuestra las profundas necesidades y la urgencia de un cambio radical en la concepción de la política de viviendas sociales.