AREAS PROTEGIDAS O EL DEBATE QUE NO PUEDE POSTERGARSE.

Dra. Amparo Chantada

 achantada@hotmail.com

Los  ecologistas que defienden la integridad de las áreas  que fueron declaradas “protegidas”, denuncian que la estabilidad ecológica y económica del país esta amenazada porque se mutilan parte de esas áreas. La mutilación, según ellos, significaría la irremisible perdida de acuíferos, la destrucción de ecosistemas costeros y la obligación a un modelo de turismo que elimina la libre inversión, reduce la capacidad de carga y niega a la población el derecho constitucional al libre acceso.

Lamento, decirles, que esa posición es errónea. Es, al declarar esas “áreas protegidas” que se atentó a la estabilidad ecológica y económica de esas zonas y del país, de los bienes que soportan, incluyendo la población, y no lo contrario.

Esto no quiere decir, que apruebe las barbaries técnicas que se cometen con las modificaciones operadas pero comprendo, ya que es el Senado que las hace y no la Secretaria de Medio ambiente.

Esto para que se entienda, que no es un problema ambiental o ecológico, es un problema social, que el Senado quiere regular.

Ahora bien, el conservacionismo a ultranza, mostrado por el Grupo 14, conduce a asumir una  posición conservadora, un tanto demagógica que busca el respaldo de las poblaciones recién captadas al ecologismo, postura  fundamentada en la “pasión ecológica” o un fundamentalismo ecológico, próximo a  la sensiblería de la fetichizacion de la naturaleza.

El movimiento ambiental dominicano  carece de base filosófica sólida,  desde su fundación y por lo tanto, a través los años, solo ha podido obstaculizar proyectos de desarrollo, en nombre de la conservación. Nunca se situó en el campo de la política, exceptuó en Bonao en el movimiento por el 5 % y hay razones, para esto. La conservación no puede ser la única política ambiental de Republica Dominicana, impuesta además, desde el exterior.  Y es, lo que esta ocurriendo, hoy sabemos que la cobertura boscosa se mantiene, los ríos se desbordan, es decir que no hay problemas ecológicos naturales, en R.D. Hay amenazas ambientales por el modelo de desarrollo vigente, por la privatización de los servicios ambientales, pero es otro tema.

El conservacionismo, en general, obvia el análisis del modelo económico, percibe la realidad a partir de la fragmentación del conocimiento científico, no analiza de manera holistica la naturaleza y por lo tanto,  no cuestiona la producción del espacio, ni el espacio político y menos aun  la política del espacio. Emergió hace algunos años, un pensamiento de la complejidad espacial,  a partir de métodos interdisciplinarios,  la ecología social, porque el estudio de una realidad compleja, como el ambiente, no se deja aprehender a partir de las visiones parcializadas de los paradigmas disciplinarios.

Desde esta nueva percepción del conocimiento y del desarrollo como procesos complejos, se construye un pensamiento critico pero a su vez, alternativo, en búsqueda de nuevos estilos de convivencia y de desarrollo.  Ese debe ser el norte de los nuevos ambientalistas, actuar coherentemente, situarse en el debate ideológico, Norte – Sur y pensar en un modelo “de desarrollo” basado en las riquezas de la Nación que concite emocionar y despertar las conciencias, no solas ecológicas, sino sociales, de las nuevas generaciones.

La cuestión ambiental  no remite solamente a la necesaria protección y conservación de la flora y la fauna, sino que cuestiona toda la sociedad básicamente el modelo de desarrollo y de apropiación de los recursos naturales y la acción del Estado (su sombra en el espacio), a través sus políticas de clasificación y de normativas  de los espacios: parques, reservas, áreas protegidas, etc.  La falta de política de desarrollo local, regional y nacional, la falta de institucionalidad, de continuidad en las políticas, el uso del Poder para un continuo proceso de acumulación y de ascenso social, la falta de nacionalismo o de coherencia regional  en las rondas de negociación en particular las que concierne la integración económica, la anejacion de los bienes de la Nación a partir de  la extensión de la propiedad privada y su consecuente privatización,  son los responsables de lo que estamos presenciando: áreas del territorio nacional sujetas a maniobras por grupos sociales en ascenso, que congelan la propiedad,  un tiempo cuando conviene (declarando áreas protegidas), la tierra se revaloriza por lo tanto, para después desregularla y extender la propiedad. Es una vieja guerra que inicio el régimen del Dr. Balaguer y que sus detractores de ayer, imitan hoy.  Las condiciones de “protección” solo han preservado el derecho al titulo de propiedad y  además han revalorizado  las rentas y condiciones de plus valía,  a partir de las intervenciones del Estado,  que tuvieron por efectos, la destrucción de las estructuras agrarias tradicionales y  de formas antiguas de ocupación del espacio, procesos acelerados de urbanización y de metropolizacion gran consumidores de tierras (o de naturaleza), la imposición de nuevas modalidades de producción (zonas francas, puertos francos, enclaves industriales y turísticos), lo vemos, el acondicionamiento de  la Cueva de las Maravillas  o del Hoyo de Pelempito, resultan inversiones insignificantes en comparación, pero forman parte de ese proceso.

El espacio no se produce como un kilo de azúcar o un metro de tela. No es tampoco la suma de los lugares y sitios de los bienes que lo componen: tortugas, caimanes, manglares y corales, tierras,  playas y acuíferos. Estos son, la condición y el resultado de relaciones sociales y en particular de relaciones de propiedad (del suelo, de la tierra) ligadas, como decía, Henri Lefebvre,  a las fuerzas que “fabrican”  esos suelos o esas tierras: el espacio es social y con la globalización se debe decir, los espacios,  con su cantidad de bienes y personas, capitales y otros recursos. A pesar de algunas similitudes, la pobreza, no es lo mismo, Parque Jaragua y Parque del Este, hay procesos de revalorización diferentes, por lo tanto de inserción en la globalización, diferentes.

Desde los años 80, venimos señalando como las políticas implementadas en torno a la reforma agraria, a la cuestión ambiental (Parques, Sistemas de Áreas verdes o protegidas), al desarrollo industrial, tenían como base la apropiación y la extensión  de la propiedad territorial, en base a las tierras confiscadas a la familia Trujillo en particular, (CEA, SEA, IAD, Bienes Nacionales) por sectores emergentes socialmente   y ese conflicto se traducía por la expropiación del campesinado de las tierras comuneras existentes en Republica Dominicana o de los pobres de barrios de la ciudad.

El problema de la propiedad de la tierra es recurrente en la historia económica y geopolítica del país: si no fue el pretexto, resulto ser un aspecto fundamental de la 1ª Intervención norte americana de 1916-1924 que sentó las bases para la parcelación y la titilación  de las tierras comuneras, (ley Torrens), de manera violenta, entre las grandes familias que componían la oligarquía de la época, del país y del Este  y la expropiación  de los campesinos de las tierras comuneras ( el Movimiento Gavillero tan poco conocido, en el Seybo, Hato Mayor, Los Llanos).

Mas cerca de nosotros, las leyes de reforma agraria de 1972 que distribuyeron la propiedad entre algunos sectores de la sociedad dominicana de esos años y la regulación de otras  tierras en base a su “congelación” del mercado inmobiliario declarándolas, “Parques urbanos” o  “Parques Nacionales” fueron la  expresión del mismo proceso anterior,  que apartaba tierras y redistribuía otras, pero esta vez, desde el Estado Nacional:  fue, el fin de los aserraderos y la regulación de la propiedad de la tierra serrana (base de acumulación de grandes fortunas de la oligarquía del Cibao) la expulsión de los campesinos serranos, por una parte y por otra, la redistribución de la mediana propiedad. El resultado fue la extrema concentración de la propiedad de la tierra, con la formación de una nueva clase de productores agrícolas al lado de los tradicionales latifundistas, la formación de los barrios marginados en las ciudades y el inicio del proceso migratorio, legal o ilegal. Nunca pasan de moda, Viglietti y Atahualpa, no lo lamento decir.  

Los años 80's vieron ese proceso acelerarse pero sin movimiento social en contra: la  evicción del campesinado de las tierras llanas y productivas (valles, costas) se realizo sin protestas, la  concentración de la propiedad rural y la marginación de los campesinos en las zonas de amortiguamiento o en las  “áreas declaradas protegidas” no conmovió, ya se habían destruido, las organizaciones sociales. Las acciones  militarizadas como Selva Negra en todo el país y en el Sur en particular, la expulsión de los reductos campesinos en el Parque de  los Haitises, en la Sierra de Martín García son las más significativas actuaciones represivas de la época, en nombre de la Naturaleza se golpeaba al natural protector del medio natural: los campesinos. Pero ese  proceso de descampesinizacion a partir de un modelo de modernización que incluya,  la fetichización de la naturaleza, en su discurso y su práctica, estaba en marcha e indujeron el gran proceso migratorio hacia los Estados Unidos y los barrios de las ciudades. Se declararon Parques Nacionales a inmensas parcelas de terrenos protegiendo así, las relaciones de propiedad y las relaciones de producción nuevas frente a las tradicionales: se hablo del gas contra el carbón, de la guerra contra  la pipiota para dejar paso a  la agroindustria de la  piña o de la palma africana,  la horrible siembra de  habichuelas contra las zonas francas o la minería.

Pocos ambientalistas protestaron, sin embargo, se enfrentaron a practicas delictivas como muchos recordaran, Oviedo y la transformación del espacio local en sub-espacio desvalorizado,  la depredación de las Dunas de Bani (1984, éramos Silvano Lora y quien escribe bien solos en esa fogata de protesta), la extracción de los Tocones de la Cordillera Central, de los intentos de convertir las bosques tropicales en base de una industria maderera de exportación, depredadora, y poca preocupada de la fauna, de la flora,  de las cuencas y de los acuíferos.

La reducción de las “áreas protegidas” no es más, que la expresión de la permanente acción del Estado de regulación y desregulación que se opera a partir de los bienes y  riquezas de la Nación, para su apropiación y su traspaso. Hoy, la confabulación entre el sector hotelero de La Romana-Bayahibe y los ecologistas resulta  aberrante, los primeros defienden sus propiedades, que han rentabilizado gracias a las áreas protegidas circundantes y que han privatizado, los otros, los ecologistas, defienden áreas, que sirven para esa desregulación y el proceso de exclusión de las grandes mayorías frente al modelo privatizador.

La protección de la naturaleza no debe pasar por la declaración de zonas del país, en Áreas Protegidas y menos en áreas reguladas por Convenios Internacionales, nueva manera de interferir legalmente. Sabemos que los EEUU gran promotor de esos convenios, son los primeros en ignorarlos, cuando les conviene (efecto invernadero, cambios climáticos, controles de gases). Las naciones ricas apoyan en las naciones pobres, lo que ellas, nunca han hecho, cuando se trato del proceso de acumulación, hoy quieren que tengamos áreas protegidas, para SU SEGURIDAD  y no para nuestro desarrollo.

 Los  ecologistas dominicanos, debían asumir el debate por otro mango.

No podemos defender la sustentabilidad en particular a partir de las áreas protegidas, cuando se sustentan en  políticas, que propugnan el bienestar para el mañana. Como la religión.  Las “áreas protegidas” que se defienden hoy, son espacios sociales que han expulsado sus sociedades o las han relegado a los márgenes, ellas, que las habían protegido hasta hoy.

La reducción de esas áreas es la expresión de la  lucha en torno a la apropiación de los bienes del país, pero no son las Áreas protegidas que debemos defender, son los y las dominican@s  que no las pueden disfrutar, ni vivir ya que los dejamos irse, en yola o sin yola, es lo mismo.